Cualquiera que escuche el discurso presidencial pensaría que en los últimos seis años pasamos de ser un “paisito” y nos convertimos en una economía de “prestigio”.

Toca reconocer que las fortalezas de la economía dominicana, al igual que muchas de sus actuales debilidades, no son resultado de las acciones de este gobierno o del último sexenio (2012-2018) exclusivamente.

Por lo menos en lo que a la banca se refiere, superada la terrible crisis del 2003-2004, y su coletazo del 2005, cualquier analista reconocerá que la solidez y dinamismo bancario han sido una característica común tanto a los periodos 2006-2012, como el más reciente 2012-2018.

Roma no se construyó en un día. La solvencia promedio de la banca en 2006-2012 es la misma del periodo 2012-2018: un excelente 15.8%, 50% superior al exigido por la ley.CLIC PARA TUITEAR
El contexto global, eso sí, cambió mucho y en ese sentido el desempeño económico criollo de los últimos seis años se benefició tremendamente de la mayor sanidad de la economía mundial.

En la primera gráfica mostramos lo que ha sido el “riesgo país” implícito en la valoración de los bonos soberanos emitidos por el Estado dominicano en los mercados. En otras palabras, se muestra cuánto más rendimiento exigen los inversionistas internacionales del bono criollo comparado con el Tesoro yanqui.

Observe que en el pico de la crisis, a finales del 2008, el margen o riesgo país se disparó a 1,800 puntos básicos, aunque posteriormente en el periodo 2010-2012 tendió a estabilizarse en 400 puntos por encima del bono estadounidense.

Ciertamente, hay que reconocer que desde 2012 a la fecha la percepción de nuestro riesgo, y en línea con otros mercados emergentes, ha mejorado y promediado por debajo de los 400 puntos básicos.

El comentario “macro” viene a colación pues las comparaciones son siempre necias y deben contextualizarse.

Imposible olvidar lo que significó la gran recesión global del 2007-2008, la amenaza que fue para todos nosotros un precio del barril del petróleo superior a los 140 dólares y lo difícil, si no imposible, que era el acceder al crédito global.

Aquellos fueron momentos oscuros a nivel mundial y no obstante esos retos, la estabilidad económica y bancaria logró sobrevivir y mantenerse a flote, claro, con la asistencia de organismos internacionales, de Petrocaribe y el consecuente aumento de la deuda pública.

En contraste, el escenario global desde el 2012 ha sido siempre mucho más favorable y, por ende, generoso para el país.

De devaluación, tasas y crédito
La devaluación del peso dominicano durante los primeros seis años del gobierno de Danilo Medina fue 4.10% anual, ligeramente superior al 3.32% de los últimos seis años de Leonel Fernández.

La tasa activa real (neta de inflación) del sexenio reciente también ha sido ligeramente mayor (10.3%) al compararse con el 9.2% anterior, en gran medida porque los niveles de inflación de la moneda criolla han llegado a sus puntos más bajos en la más reciente gestión presidencial.

Sin embargo, observe cómo la volatilidad (que medimos como la desviación estándar de ambas variables) en la gestión Medina ha resultado ser significativamente menor, mostrando unos grados de estabilidad de precio nunca antes vistos en las últimas tres décadas.

Quizás aupado por esa misma estabilidad, no deja de sorprender el hecho de que la penetración del crédito privado medida como porcentaje de la economía se disparó en este sexenio a 31.2% del PIB, su pico más alto en casi 20 años.

En términos relativos al PIB, la penetración crediticia privada bajo Medina aumentó 9.4%, 2.5 veces más que el incremento de solo 3.7% que logró Fernández.

Desempeño bancario y crediticio
La solvencia promedio de la banca en 2006-2012 es la misma del periodo 2012-2018: un excelente 15.8%, 50% superior al exigido por la ley.

La cartera vencida de los bancos mejoró desde el 2012, al bajar de una mora de 3.6% a 1.9% del total de la cartera, impulsado sobre todo por las mejoras logradas en el banco estatal a partir del año 2013.

La rentabilidad para los accionistas bancarios se mantiene viento en popa (24.0% de ROE promedio), aunque inferior al rendimiento del sexenio anterior (27.1%), sobre todo por un menor margen de intermediación financiera, pues la eficiencia bancaria no ha cambiado tanto.

De las mayores diferencias de la banca bajo Fernández comparadas con la de Medina es la menor recurrencia al crédito público bancario. Desde el 2012 ese crédito de hecho cayó un promedio anual de 2.8%, versus el incremento de 14.7% que registró, en promedio, entre 2006 y 2012.

Finalmente, el crédito privado ha tenido un robusto crecimiento en ambas administraciones presidenciales, aunque en términos relativos observe que el dinamismo fue mayor bajo Fernández.

En conclusión: Roma no se construyó en un día. Ni en seis años. ¿Comprenden?

Alejandro Fernández

SANTO DOMINGO.- Las perspectivas de sostenibilidad del modelo de zonas francas y la ley de incentivos fronterizos figuran entre los temas a debatir en el Primer Foro Nacional de Zonas Francas y Regímenes Especiales que se celebra este miércoles en un hotel de la capital.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este lunes de la convocatoria, auspiciada por la institución, e informó de que su titular, Nelson Toca Simó, estará a cargo de la apertura de la agenda, en la que también figura la intervención del vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO), Martín Ibarra, entre otros participantes.

En el marco del Foro están pautados dos paneles, uno sobre “La Sustentabilidad del Modelo de Zonas Francas frente a los Desafíos de la Economía Global” y otro que versará sobre “Perspectivas de Desarrollo Productivo de la Frontera Dominicana”, analizado a partir de la ley 28-01 sobre incentivos fronterizos.

La actividad será un espacio de discusión para mostrar los desafíos que enfrentan las empresas bajo el régimen de zonas francas, señala un comunicado de prensa.

El viceministro del MICM Marcelo Puello destacó la importancia de habilitar espacios que permitan debates transparentes y actuales para buscar respuestas a los desafíos que enfrentan las empresas acogidas a dichos regímenes y lograr que sean más competitivas de cara a las nuevas tendencias del comercio mundial.

SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana hay un gran déficit de valoración de las propiedades privadas y públicas lo que podría provocar un desequilibrio en la economía particular de los dominicanos, considera el presidente del Instituto de Tasadores Dominicanos, ITADO, José Alberto Beras López.

Según Beras, una gran parte de los ciudadanos que vende o compra una propiedad lo hace desconociendo el valor real de la misma al momento de la transacción, por lo que recomienda tener bien claro el valor real del inmueble para poder obtener un mejor provecho a las operaciones comerciales que realizan.

Puso la matrícula de tasadores del ITADO al servicios de los ciudadanos y el Estado y sus instituciones, para que tengan una valoración real de mercado de sus propiedades antes de decidir vender o de las propiedades a comprar, bienes muebles o inmuebles, maquinarias, equipos, obras de arte, prendas, marcas comerciales, entre otros activos tangibles o intangibles.

Estimó muy baja la cantidad de tasaciones que realizan las instituciones públicas, privadas y un ciudadano común, y que solo aquellos que han tomado conciencia de la necesidad de saber el valor de las cosas, antes de tomar una decisión de vender o comprar, les practican una operación de tasación o valoración.

Recordó que el campo del ejercicio profesional del tasador es muy diverso, aunque lo más común es la parte inmobiliaria, por el gran mercado inmobiliario de compra y venta de apartamentos, locales comerciales en plazas, vehículos, maquinarias y equipos, de fincas, empresas en marcha, etc., porque en cada préstamo que es solicitado en algún banco, una cooperativa o cualquier institución financiera, necesita tener una tasación hecha por un especialista en cada caso.

Beras emitió sus declaraciones en el programa Punto de Vista, producido por Dania Goris y Héctor Linares, que se transmite cada domingo a la 8 de la mañana en Color Visión Canal 9.

Instituto Tasadores dice en RD hay gran déficit valoración propiedades

Representantes de diversos sectores consideran impostergable tratar este tema lo antes posible para evitar desajustes en la economía

Hay que evitar desajustes inmanejables en la economía. La reforma tributaria integral o profunda es una decisión que debe considerarse impostergable si se quieren mantener los niveles de crecimiento que ha exhibido la economía dominicana.

El déficit no debería ser la excusa para acudir a los mercados internacionales en busca de dinero fresco en un mercado ávido de emisores que, como República Dominicana, aún tiene buena reputación porque ha podido saldar a tiempo sus compromisos con los acreedores. Los cautos podrían preguntarse hasta cuándo durará este apetito por la deuda dominicana. Invertir en obras una cuota importante de retorno sí es buena razón para emitir deuda.

La precaución es la mejor medicina. Hace algunos años, quizá partiendo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12), que el país comenzó a pensar en éste y otros temas con la suficiente seriedad. Teóricamente andamos bien. La dificultad se presenta en la práctica.

Sin embargo, a la fecha sólo se ha podido implementar el Pacto Educativo, uno de los más importantes por lo que significa en términos de elevar el nivel de los recursos humanos dominicanos, pero al mismo tiempo el que representa una carga económica muy pesada para las finanzas públicas. Desde 2013, cuando se inicia la implementación de la Ley 66-9, que destina el 4% del producto interno bruto (PIB) a educación, se han erogado más de RD$900,000 millones. ¿Qué pasado? Más allá de la infraestructura y la comida con la tanda extendida, no se puede decir nada. Los resultados indican que la calidad, que debió ser el enfoque primario, es aún pésima.

El Pacto Eléctrico, por ejemplo, porque llegaría a resolver el problema fiscal que genera cada año, no se ha podido firmar. No se sabe cuántos recursos ha destinado el Estado a financiar la ineficiencia de las distribuidoras de electricidad y, probablemente, tampoco se podrá estimar cuánto más habrá que destinar a este hoyo sin fondo.

El Pacto Fiscal, que en sí incluye una reforma tributaria profunda, ni siquiera se ha comenzado a tratar en las mesas de quienes toman decisiones trascendentales. Hasta el momento sólo ha sido un tema mediatizado, del que sólo se habla para reconocer su importancia para mantener el crecimiento económico del país.

Este 2020, además de ser un año electoral y del que surgirán nuevas autoridades en todos los niveles, también está marcado para ser el punto de inflexión en todo este trajinar. La conciencia colectiva, y no los intereses particulares, debe jugar un papel preponderante para evitar que algún período de desajuste eche por la borda todo lo que se ha logrado en términos de crecimiento del valor agregado en la economía.

La sugerencia, luego de planteada esta realidad, es que las próximas autoridades, las que sean, tomen lo antes posible las medidas que generan fricción. ¿Por qué? Porque sale menos costoso que una debacle.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Juan Ariel Jiménez, definió este viernes de “altamente favorable” para la ciudadanía la ley 13-20 de reforma a la Seguridad Social promulgada este viernes por el presidente Danilo Medina.

Esta ley elimina recargos e intereses en la deuda con el sistema, y además fortalece la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA), conjuntamente con una importante reducción de las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), dijo el organismo en nota de prensa.

“Para el MEPyD es motivo de orgullo haber formado parte del equipo técnico para la redacción de dicha ley que abrirá las puertas formales del Sistema Dominicano de Seguridad Social hasta a 400,000 dominicanos, hoy excluidos, quienes ahora contarán con seguro de salud y cotización para su retiro”, afirmó el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez.

Actualmente de los 470,000 millones en deudas que empresas privadas e instituciones públicas tienen con la TSS, más del 95% son recargos por mora, agregó la información.

Con la ley recién promulgada estos recargos se eliminan permitiendo a las entidades endeudadas ponerse al día con solo pagar el capital de la deuda del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, y los últimos 6 meses del Seguro Familiar de Salud.

Adicionalmente, poner al día sus cotizaciones permitirá a miles de Mipymes regularizar su situación y aplicar para ser suplidoras del Estado, con lo cual ampliarán sus posibilidades de ventas e ingresos y de creación de empleos.

“Otro importante cambio que contiene esta ley es la reducción en aproximadamente 30% (aproximadamente 53,000 millones de pesos dominicanos) los ingresos futuros de las AFP en los próximos diez años”, resaltó el funcionario.

El cambio de modelo de comisión, que definen los ingresos de las AFP, se incluyó en la ley tomando en cuenta las mejores prácticas de países que tienen sistemas de pensiones similares a República Dominicana.

“Los ingresos de las AFP pasarán de tener un crecimiento exponencial a un incremento lineal en el tiempo. Estamos ante una reforma equilibrada y juiciosa”, dijo el ministro.

Adicionalmente, el funcionario afirmó que la TSS será, a partir de esta reforma, un órgano con más capacidad y potestad para hacer las recaudaciones y combatir la evasión; mientras que la Dirección General de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) ampliará su campo de acción para ofrecer mejor cobertura nacional y defender con mayor eficacia los derechos de los afiliados.

“Esta reforma es fruto de un amplio diálogo con todos los sectores del Sistema Dominicano de Seguridad Social con el propósito de facilitar la vida a las empresas y ampliar la cobertura de seguridad social a cientos de miles de trabajadores, explicó Jiménez.

El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto, valoró la aprobación del Senado este miércoles en primera lectura del proyecto de ley que incluye un acuerdo de pago del capital adeudado y la eliminación de altos recargos por mora con la seguridad social, facilitando así que entidades gubernamentales y descentralizadas, ayuntamientos, las micros, pequeñas y medianas empresas se pongan al día.

Recordó que instituciones y empresas tienen deudas atrasadas y debido a la aplicación acumulativa de los recargos por mora que las mismas generan se han convertido en impagables, al tiempo que enfatizó que muchos han optado por mantener sus actividades productivas en la informalidad, lo que incide en la desprotección de sus trabajadores.

Informó que esto facilitará la afiliación a la seguridad social de más de 150 mil trabajadores, quienes así obtendrán seguros de salud, riesgos laborales y pensiones. Además, contribuirá al fortalecimiento y equilibrio financiero del Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que favorecerá la ampliación de cobertura del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.

“Saludamos la iniciativa del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez y el seguimiento tanto de la Cámara de Diputados y del Senado en la aprobación de esa modificación de la Ley 87-01, lo que evidencia el compromiso del Estado de continuar con los avances en la protección social del pueblo dominicano”, manifestó.

Pérez Modesto resaltó que la aprobación de este proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo también fortalecerá la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), otorgándoles personería jurídica y autonomía presupuestaria a ambas entidades del Sistema.

“Esta modificación a la Ley 87-01 reducirá la evasión y elusión en el pago a la TSS y la DIDA podrá ejercer su función de orientar y defender a los afiliados de manera más eficaz”, expresó.

El funcionario señaló que este proyecto junto con la promulgación de la Ley 397-19, que creó el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), y dispuso que las estancias infantiles del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) sean administradas por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y que los afiliados al seguro de salud de dicha entidad pasen al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), son decisiones tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo que fortalecen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Resaltó que el proyecto de ley modifica el esquema de comisiones aplicado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La iniciativa, proveniente del Poder Ejecutivo, contempla una reducción gradual hasta llegar a un 0.85% para el año 2030