La propuesta de nuevo Código de Trabajo introduce cambios significativos en la regulación del trabajo doméstico, ahora denominado trabajo del hogar, una forma de reconocer la importancia de estas labores que durante décadas se han mantenido invisibles y poco valoradas.

Uno de los puntos más relevantes es la jornada laboral: se establece que no podrá exceder de ocho horas diarias ni de 48 horas semanales, con derecho a un descanso ininterrumpido de 36 horas cada semana. Este límite busca garantizar que las personas que cuidan casas, familias y niños no trabajen jornadas abusivas ni sean tratadas como si carecieran de derechos.

Este cambio es un avance en la dignificación de los trabajadores del hogar, que históricamente han sido los más desprotegidos y con menos formalización laboral. Sin embargo, para que estos derechos sean reales, el gran reto será la fiscalización y la educación de los empleadores, de manera que la ley no se convierta en letra muerta. Solo así lograremos un empleo digno y justo para miles de personas que sostienen hogares ajenos mientras también deben cuidar los suyos.

LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP. FIP  «VOZ DEL COMERCIO Y TU COMUNIDAD»

La baja calidad de la educación en nuestro país no es casualidad ni producto de un simple descuido. Es la consecuencia directa de un sistema donde el tráfico de influencia, las preferencias políticas y el reparto de cargos pesan más que la verdadera vocación de enseñar.

En lugar de premiar a los buenos maestros que se preparan, estudian y sacan calificaciones ejemplares en concursos, sus expedientes terminan engavetados, porque a la hora de nombrar, lo que importa es “ayudar al compañero del partido” o responderle a un legislador. Esa práctica clientelista no solo aplasta la meritocracia, sino que alimenta la mediocridad y destruye la motivación de quienes ven la educación como un apostolado.

La provincia Monseñor Nouel no es la excepción. Aquí, como en otras demarcaciones, los legisladores y directores distritales se han repartido el pastel de los nombramientos docentes sin el menor pudor. La complicidad entre funcionarios y políticos convierte las aulas en escenarios de favores, mientras los estudiantes siguen recibiendo una educación deficiente que compromete su futuro.

Es momento de preguntarnos: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sacrificando generaciones enteras por mantener cuotas de poder? ¿Hasta cuándo permitiremos que el capricho político pese más que el talento y el compromiso? Si queremos rescatar la educación, hay que arrancar de raíz estas prácticas que, a la larga, nos llevan al abismo.

LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP, FIP

El doctor Eberto Núñez, alcalde del municipio de Bonao, ha demostrado con hechos su compromiso incuestionable con la transformación urbanística y la mejora de los servicios municipales. La reciente presentación de seis nuevos camiones compactadores, adquiridos con una inversión superior a los 21 millones de pesos, reafirma su visión de un Bonao más limpio, moderno y organizado. Esta acción, respaldada por el Gobierno central, no solo fortalece la capacidad operativa del Ayuntamiento, sino que simboliza la voluntad firme de erradicar el problema de la basura que por décadas ha afectado la imagen de la ciudad.

Núñez no solo ha sumado nuevas unidades, sino que ha liderado con determinación un proceso de modernización del sistema de recolección de residuos sólidos. Desde su gestión se han incorporado ya 14 camiones compactadores, lo que representa un avance sin precedentes en la historia del municipio. Bajo su lema de «declarar la guerra contra la basura», el alcalde se ha ganado la confianza de amplios sectores comunitarios, que ahora ven con esperanza una ciudad más limpia, más digna y mejor planificada.

Esta entrega y dedicación del alcalde no se limitan a las palabras ni a los actos simbólicos. Su liderazgo se manifiesta en la cercanía con la gente, en la eficiencia de los servicios y en la capacidad de gestionar recursos para el beneficio colectivo. Su visión de ciudad, centrada en la sostenibilidad y el bienestar ciudadano, convierte a Eberto Núñez en un referente de la buena administración municipal en República Dominicana. Bonao merece seguir por este camino de transformación real, donde cada acción municipal impacta directamente en la calidad de vida de su gente.

LIC ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP. FIPL

EL RESPLANDOR «VOZ DEL COMERCIO Y TU COMUNIDAD»

En tiempos donde los gestos solidarios escasean, es justo resaltar a quienes, con constancia y compromiso, marcan una diferencia positiva en nuestra sociedad. El Dr. Alexis Mármol, a través de PLAMED, se ha convertido en un firme aliado del magisterio en la provincia Monseñor Nouel, demostrando con hechos su respaldo a los hombres y mujeres que dedican su vida a la enseñanza.

Desde hace varios años, el Dr. Mármol ha impulsado y patrocinado la tradicional fiesta anual del Día del Maestro, un evento esperado con entusiasmo por toda la comunidad educativa. En esta ocasión, el 30 de junio, los maestros disfrutarán de un gran fiestón en el complejo turístico Guacamayo, amenizado por Los Hermanos Rosario, íconos de nuestra música nacional.

Además, el Dr. Mármol es un colaborador constante del sistema educativo, realizando aportes e inversiones oportunas en diversos planteles escolares, para suplir necesidades urgentes o mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Su accionar ha dejado huellas tangibles en muchas escuelas, donde su respaldo ha representado un alivio concreto para educadores y estudiantes.

Su mayor trascendencia y reconocimiento también se manifiesta en el ámbito deportivo, al haberse convertido en el “padrino full” de los deportistas de la provincia, apoyando de manera generosa con recursos, uniformes y útiles deportivos en cada torneo o evento. Su respaldo ha superado con creces los aportes que pudieran hacer las autoridades deportivas a nivel estatal o provincial, convirtiéndose en un verdadero sostén del deporte local.

Este tipo de iniciativas no solo reconocen el esfuerzo y la vocación de los maestros, sino que también fomentan la unidad, la motivación y el sentido de pertenencia dentro del sector educativo. El gesto del Dr. Mármol es un ejemplo digno de imitar, recordándonos que apoyar la educación y el deporte es invertir directamente en el desarrollo y el futuro de nuestra nación. ¡Honor a quien honor merece!

!UN JUSTO Y MERECIDO RECONOCIMIENTO DE EL RESPLANDOR «VOZ DEL COMERCIO Y TU COMUNIDAD»

LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP, FIP

Por: Dr. Pablo Abad AbadAbogado/Notario y Docente Universitario

Tras un profundo análisis sobre los orígenes históricos del movimiento sindical minero en la región del Cibao Central y sus perspectivas, me siento en la obligación –y en el deber ético– de compartir algunas reflexiones que, más allá de lo académico, son fruto de la vivencia, el contacto directo con los trabajadores, y la observación crítica de la realidad que enfrentan día a día.

El movimiento sindical minero no es una nota al pie en la historia laboral del país. Por el contrario, puede compararse –sin temor a exagerar– con las grandes gestas del sindicalismo dominicano de los años 60. Aquellas luchas, si bien tenían un matiz más político, no fueron más intensas que las jornadas laborales y de resistencia sindical que se vivieron entre 1979 y 1986. Lo que le dio fuerza y contundencia a este movimiento fue su vinculación con sectores sociales, políticos, populares y religiosos, lo cual les permitió articular una lucha más amplia y con mayor respaldo.

Sin embargo, hoy el panorama ha cambiado. Los estudios de campo que hemos  realizado y la experiencia directa,  nos han permitido comprobar que, en la práctica, las empresas mineras no fomentan ni respetan el libre ejercicio del sindicalismo. Si lo permiten, es bajo una fachada: directivas sindicales controladas o cooptadas por las propias empresas, que no representan los intereses reales de los trabajadores.

Esta situación nos obliga a reconocer que no basta con educar a la clase obrera en aspectos técnicos del Código de Trabajo. Debemos ir más allá. Es necesario fomentar una formación ideológica que permita a los trabajadores comprender su papel dentro de un sistema que, estructuralmente, favorece a los sectores políticos y económicos dominantes. En ese sentido, hay que hablarles con franqueza: los intereses de clase obrera son distintos –e incluso opuestos– a los de quienes históricamente han detentado el poder.

En lo jurídico, quiero destacar una preocupación reiterada: la interpretación errónea o interesada del fuero sindical. Junto al colega y hoy fenecido Joaquín Luciano, hemos insistido en que los artículos 389 y siguientes del Código de Trabajo son claros al proteger a los dirigentes sindicales. No es correcto aplicar el artículo 88 –que se refiere a faltas comunes de los trabajadores ordinarios– a quienes están bajo fuero sindical. El artículo 394 establece que solo las faltas colectivas justifican una solicitud de levantamiento del fuero, y aun así, deben analizarse con rigurosidad.

Tampoco podemos obviar un hecho notorio: los dirigentes sindicales de décadas pasadas tenían una formación política e ideológica mucho más sólida que la mayoría de los dirigentes actuales. Esa debilidad ha sido aprovechada por las empresas y, lamentablemente, también por el Estado, cuyas instituciones muchas veces se pliegan a los intereses de las mineras. He visto como el peso de estas empresas influye en las decisiones del Ministerio de Trabajo, de los jueces, fiscales y cuerpos policiales.

Del análisis de sentencias y expedientes laborales, especialmente en el sector minero, hemos identificado un patrón preocupante. Aunque más del 85% de las solicitudes de levantamiento de fuero han sido rechazadas por carecer de fundamento, las empresas insisten en utilizar esta figura como mecanismo de presión y hostigamiento. Cambios de puestos, traslados arbitrarios, aislamiento de dirigentes, y hasta situaciones humillantes como enviarlos a hacer vigilancia en zonas remotas, son solo algunas de las tácticas empleadas para debilitar a los sindicatos.

Y si esto no fuera suficiente, los llamados pactos colectivos han dejado de ser verdaderas herramientas de conquista laboral. En muchos casos, solo recogen derechos ya establecidos por la ley, como si fueran logros. Algunas cláusulas llegan al absurdo de “conceder” lo que ya ordena el Código Laboral. Otras apenas reconocen que los representantes sindicales puedan ingresar a las instalaciones de la empresa. El caso más representativo es el de la Barrick Gold, donde se tardó más de tres años intentando discutir un pacto colectivo que la empresa se negaba a formalizar, usando maniobras como cambiar nóminas o desahuciar afiliados para evitar alcanzar el 50% +1 requerido por ley.

Frente a este panorama, las perspectivas no pueden ser de resignación. Por eso, propongo algunas recomendaciones que considero esenciales para reconstruir y fortalecer el sindicalismo minero en nuestro país:

Fomentar una educación sindical ideológica: La clase obrera necesita comprender su rol dentro del sistema y saber qué intereses defiende. No basta con conocer sus derechos legales; debe conocer su poder colectivo.

Reclamar una interpretación correcta del fuero sindical: Exijamos, desde las universidades y los foros jurídicos, que no se sigan aplicando faltas menores para justificar despidos de dirigentes protegidos.

Separar los roles de asesoría legal y sindical: La experiencia demuestra que cuando los abogados asumimos ambos roles, podemos dificultar procesos de conciliación que en principio eran posibles.

Llamado a la solidaridad: La prensa, las iglesias, los sindicatos de otros sectores y toda la sociedad deben acompañar a los trabajadores mineros en esta lucha desigual. Se enfrentan a uno de los poderes más duros del país, respaldado por intereses nacionales y extranjeros.

Hoy más que nunca, el sindicalismo minero necesita dignidad, coherencia y solidaridad. Y esa tarea no es solo de los trabajadores; es también un compromiso de quienes creemos en una sociedad más justa y democrática.

Por: Esteban Tiburcio Gómez.

Director extensión UCE-BONAO.

En la República Dominicana, la estructura de bibliotecas y los espacios dedicados al fomento del libro y la lectura se encuentran marcados por una serie de debilidades que limitan el acceso de la población al conocimiento y dificultan el fortalecimiento de la calidad educativa. A pesar de contar con un marco legal que favorece la creación de un sistema bibliotecario robusto y accesible, como lo establece la Ley 502-08, las políticas públicas aún no logran transformar la realidad de miles de dominicanos que carecen de acceso a recursos bibliográficos adecuados. El gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, tiene la mayor cuota de responsabilidad en la ejecución de estas políticas públicas, así como reconocer la gran oportunidad que ofrece la ley para fortalecer la infraestructura bibliotecaria del país y fomentar la lectura.

Debilidades en la infraestructura bibliotecaria, un obstáculo para el desarrollo educativo

Las bibliotecas tanto físicas como digitales o en línea, juegan un papel fundamental en la calidad educativa, no solo como lugares de consulta, sino también como espacios de desarrollo intelectual y cultural. Sin embargo, en la República Dominicana, muchas bibliotecas (en las raras provincias en donde existen) se encuentran en condiciones precarias, con escasos recursos, infraestructuras deterioradas y un número limitado de personal capacitado. Estas carencias repercuten directamente en la eficiencia de las bibliotecas para cumplir su rol en la educación y en la difusión cultural.

Un aspecto preocupante es la desarticulación de las bibliotecas dentro de un sistema nacional efectivo. Aunque la Ley 502-08 establece la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) para garantizar el acceso democrático al conocimiento y la cultura, muchas bibliotecas aún operan de manera aislada, sin una red de cooperación entre ellas. Esta falta de integración limita el acceso de la población a una variedad amplia de recursos, impidiendo el desarrollo pleno de la industria editorial y el fomento del hábito de lectura.

Otro punto crítico es la insuficiencia de bibliotecas en áreas rurales y comunidades marginadas. Las zonas más alejadas del país continúan siendo las más afectadas por la falta de infraestructura bibliotecaria, lo que profundiza la desigualdad en el acceso al conocimiento. La Ley 502-08 menciona la importancia de las bibliotecas móviles como una herramienta para llevar el libro y la lectura a estas áreas; sin embargo, las iniciativas siguen siendo insuficientes.

La Responsabilidad del Gobierno Central y el Ministerio de Cultura

El papel del gobierno central y del Ministerio de Cultura es indispensable en la implementación efectiva de la Ley 502-08. Esta ley tiene un enfoque integral que busca estructurar un sistema bibliotecario nacional de calidad, pero su éxito depende de la voluntad política y de la asignación de recursos suficientes para su ejecución.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro y la Lectura, tiene la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para la expansión y el mantenimiento de la infraestructura bibliotecaria. De acuerdo con los fines generales de la ley, uno de los objetivos prioritarios es el fortalecimiento y la ampliación de las bibliotecas públicas, así como la promoción de la lectura. Sin embargo, la falta de un presupuesto adecuado, la escasa coordinación entre las entidades responsables y la actualización de los recursos tecnológicos siguen siendo barreras que impiden el avance en esta área.

Además, el gobierno debe incentivar el sector privado a través de políticas fiscales y de mecenazgo que favorezcan la creación de más espacios dedicados a la lectura, como lo establece la ley en sus artículos 7 y 8. El apoyo del sector privado podría ser clave en la modernización de las bibliotecas, y en la dotación de recursos para su funcionamiento.

La Ley 502-08 ofrece una oportunidad única para transformar el panorama bibliotecario y educativo de la República Dominicana. Esta ley tiene como objetivo principal democratizar el acceso al libro y la lectura, fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) y asegurando que todos los dominicanos, sin importar su ubicación geográfica o condición social, puedan acceder a los beneficios de la cultura escrita.

Uno de los aspectos más relevantes de la ley es su enfoque en la creación de una infraestructura bibliotecaria moderna, acorde con las necesidades educativas, culturales, científicas y tecnológicas del siglo XXI. El artículo 6 de la ley subraya la importancia de dotar al país de una infraestructura que responda a las demandas contemporáneas y permita la integración de la República Dominicana con el resto del mundo en términos de intercambio cultural y científico.

Asimismo, la ley establece medidas para garantizar el acceso equitativo a los servicios bibliotecarios. El artículo 7, que promueve incentivos económicos para las entidades que apoyen la ampliación y mantenimiento de las bibliotecas, es un paso importante para involucrar a todos los actores sociales en el desarrollo del sistema bibliotecario nacional. Sin embargo, el éxito de esta ley dependerá de la capacidad del gobierno para implementarla de manera efectiva y del compromiso de la sociedad civil y del sector privado en su apoyo.

El fomento del libro y la lectura impacta positivamente en el desarrollo integral de cualquier nación. En la República Dominicana, las debilidades de la infraestructura bibliotecaria representan un obstáculo para mejorar la calidad educativa y la integración social, por lo que, se puede desarrollar una acción conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para procurar la aplicación efectiva de esta ley.

Es responsabilidad del gobierno central y del Ministerio de Cultura y el MINERD, garantizar la ejecución efectiva de esta ley, asignando los recursos necesarios, mejorando la coordinación interinstitucional y creando incentivos para la participación del sector privado. Una acción articulada con los ayuntamientos del país, coordinada desde los organismos competentes y desarrollada como una estrategia de prioridad nacional, daría resultados positivos. La implementación exitosa de la ley puede significar un cambio profundo en la educación y la cultura dominicana, abriendo las puertas a un futuro más inclusivo y próspero para todos los ciudadanos.

EL RESPLANDOR