Escrito por el Geólogo Victor García Santana
Ex Director de la Dirección General de Minería (DGM)
Fecha: 15 de Mayo, 2020.
En el año 1996, siendo Director General de Minería, un amigo me invitó a un encuentro que tenía pautado con el Prof. Juan Bosch. Como profesional del área de la geología y la minería, sumado a la posición que ocupaba, entendía que ese encuentro era oportuno para poner en conocimiento de Don Juan del potencial minero que disponía el país, y la visión de política que como Director tenía para el aprovechamiento de dichos recursos. Oh sorpresa, Bosch, aunque ya con su estado de salud avanzado, antes de que yo le hiciera referencia, él comenzó a describir, con lujo de detalles, todos los recursos minerales de los que disponía el país, y su ubicación, y me señaló que ese era uno de los sectores que estaba llamado a ser importante en desarrollo económico nuestro; también me insistió que en el aprovechamiento de tales recursos tenía que procurarse que tuvieran valor agregado.
Post la epidemia del COVID-19 el país queda obligado a rediseñar cuidadosamente sus políticas económicas por los impactos severos que han tenido y tendrán sus principales sectores económicos turismo, remesas y zonas francas. La reactivación de esos sectores será paulatina debido a los múltiples factores que inciden en sus operaciones, sobre todo aquellos que son externos.
Esas políticas que se adopten postcovid-19 se espera hagan énfasis en el sector productivo local, como el industrial, que esté en capacidad de competir a lo interno y externo. La minería, clasificada dentro del subsector primario de los tres sectores económicos que componen nuestra economía, en la actual coyuntura económica su historial de aportes en divisas, generación de empleos y fiscales, prácticamente obliga a que sea considerada como sector fundamental en el nuevo escenario de políticas económicas, que tome en consideración los recursos mineros tanto metálicos (oro, plata, níquel, cobre y zinc) como no metálicos (calizas, bauxita, etc). Recordar, que los minerales son materias primas de primer orden, y como tal deberán serlos en la recuperación de las economías a nivel mundial.
Vendrán oportunidades en los mercados de los minerales, pero para aprovecharlas el país debe prepararse antes, y para ello tiene que estructurar políticas que sean efectivas en el desarrollo del sector minero nacional, a corto, mediano y largo plazo. Lo primero que tienen que entender los tomadores de decisiones, es que el apoyo a este sector tiene que ser sin ambigüedades. No asumir las actividades mineras como un tema tabú, como ha sido la práctica.
Se necesita de un marco legal regulatorio desde la perspectiva del futuro orden económico mundial, que sea armónico con las demás políticas de desarrollo del país, que le imprima fortaleza jurídica al sector, que el Estado reciba beneficios justos, y que a la vez asegure la competitividad para atraer la inversión local y extranjera. El proyecto de ley minera que está en el Congreso contiene debilidades, y lo saludable es buscar los mecanismos que permitan superarlas antes de su aprobación, con el fin de que su aplicación represente un verdadero avance del sector minero.
En cuanto a la estructura institucional, tal y como es referido en otras ocasiones, debe ser una sola institución quien maneje el tema. Como opera la estructura actual, un Ministerio y una Dirección General lo que hace es prolongar el tiempo en la toma de decisión, afectando a los inversionistas. Ahora mismo el sistema de evaluación de las solicitudes de concesiones mineras es más complejo que cuando la Dirección General de Minería era una dependencia de Industria y Comercio, ya que las solicitudes se someten a una doble evaluación técnica-legal.
El Estado, en específico el Gobierno, tiene que garantizarles a los inversionistas el cumplimiento pleno de los términos bajo los cuales se les otorgan las concesiones o derechos mineros. Históricamente se ha hecho práctica que los gobiernos modifican, bajo distintas modalidades, lo contemplado en la ley como derechos adquiridos del concesionario, cuando se trata de yacimientos mineros explotables. Otra práctica odiosa, es la conformación de comisiones, quitándole la autoridad al órgano rector, cuando en un proyecto minero se presentan conflictos. Eso es una expresión de debilidad jurídica del país, que le resta competitividad al sector.
Al hablar del establecimiento de políticas mineras claras, necesariamente en ellas deben estar incluidas las de medio ambiente y recursos, desde la óptica del modelo de minería responsable que hoy día se aplica a nivel global. Un gran escollo que presentan los proyectos mineros es el proceso de evaluación ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente, como organismo oficial, necesita de más fortaleza técnica e independencia que le permitan adoptar las decisiones adecuadas, en tiempo razonable.
La presión de grupos sociales opositores a estas actividades ha prevalecido, impidiendo el desarrollo de importantes proyectos mineros, lo cual también se contrapone a lo que debe ser un ambiente apropiado para la inversión tanto local como extranjera.
Estimo que en la actual coyuntura económica, procede que el Gobierno se aboque a una revisión y discusión amplia del componente ambiental de aquellos proyectos mineros que están detenidos por diferencias con sectores ambientales; proyectos que podrían entran en operación en 1-3 años, sobre todo los de oro.
