ESPAÑOL/ENGLISH
DE OPINION
En un momento crucial para la política dominicana, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, presidente del Partido Cívico Renovador, ha expresado su firme posición con respecto a la resolución 13-2023 de la Junta Central Electoral (JCE), la cual establece la reserva del 20% de las candidaturas por nivel electoral en los partidos políticos. Su postura es clara y fundamentada en principios legales y jurisprudencia previa.
Uno de los aspectos más destacados de la declaración de Zorrilla Ozuna es su confianza en la JCE y en el conocimiento de los profesionales que conforman su Pleno. Resalta que este órgano está compuesto por individuos con una sólida formación y experiencia en leyes y la Constitución de la República Dominicana. Esta confianza en la integridad y la competencia de la JCE respalda su apoyo a la resolución.
Además, Zorrilla Ozuna argumenta que la resolución 13-2023 está en línea con la legislación vigente. Hace referencia a la Ley 33-18 y al régimen electoral establecido en la Ley 20-23, citando específicamente los artículos 57, 58 y 82 de la Ley 33-18, así como el artículo 20, numeral 14 y 96 de la Ley 20-23 como fundamentos legales que respaldan la decisión de la JCE.
El líder del Partido Cívico Renovador también menciona la existencia de jurisprudencia previa que avala la reserva del 20% de las candidaturas por nivel electoral. Cita un ejemplo concreto en el que el magistrado Román Jáquez, quien en 2019 estuvo al frente del Tribunal Superior Electoral, anuló las reservas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al determinar que esa organización, cuando estaba en la oposición, había aplicado incorrectamente lo que establece la ley de partidos.
La posición de Zorrilla Ozuna es un recordatorio de la importancia de basar las decisiones políticas en la legalidad y la jurisprudencia. Su llamado a respetar las decisiones tomadas por la JCE, un organismo fundamental en la organización y supervisión de las elecciones en la República Dominicana, es un llamado a la democracia y al Estado de derecho.
Este debate en torno a la resolución de la JCE es una muestra de la vitalidad de la democracia y la necesidad de un diálogo respetuoso y constructivo entre las diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil. Es un recordatorio de que en un sistema democrático, es esencial que se confíe en la imparcialidad y la experiencia de los organismos encargados de garantizar elecciones justas y equitativas.
En resumen, la postura de Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna destaca la importancia de respetar las instituciones democráticas y la legalidad en el proceso político, y nos recuerda que la confianza en la jurisprudencia y la JCE es esencial para preservar la integridad de las elecciones en la República Dominicana.
LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP,SIP
ENGLISH
Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna’s Position on Resolution 13-2023 of the Central Electoral Board
At a crucial moment in Dominican politics, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, the President of the Civic Renewal Party, has expressed his firm stance regarding Resolution 13-2023 of the Central Electoral Board (JCE), which establishes the reservation of 20% of candidacies by electoral level within political parties. His position is clear and grounded in legal principles and previous jurisprudence.
One of the standout aspects of Zorrilla Ozuna’s statement is his trust in the JCE and in the knowledge of the professionals who make up its board. He emphasizes that this body consists of individuals with a solid background and experience in Dominican laws and the Constitution. This confidence in the integrity and competence of the JCE supports his endorsement of the resolution.
Additionally, Zorrilla Ozuna argues that Resolution 13-2023 is in line with current legislation. He refers to Law 33-18 and the electoral framework established in Law 20-23, specifically citing articles 57, 58, and 82 of Law 33-18, as well as article 20, subsections 14 and 96 of Law 20-23 as legal foundations that support the JCE’s decision.
The leader of the Civic Renewal Party also mentions the existence of previous jurisprudence that upholds the reservation of 20% of candidacies by electoral level. He cites a specific example in which Magistrate Román Jáquez, who chaired the Superior Electoral Court in 2019, annulled the reservations made by the Modern Revolutionary Party (PRM), determining that the opposition party had incorrectly applied the law on political parties.
Zorrilla Ozuna’s position serves as a reminder of the importance of basing political decisions on legality and jurisprudence. His call to respect the decisions made by the JCE, a fundamental body responsible for organizing and supervising elections in the Dominican Republic, is a call to uphold democracy and the rule of law.
This debate surrounding the JCE’s resolution is a testament to the vitality of democracy and the need for respectful and constructive dialogue among different political forces and civil society. It reminds us that in a democratic system, it is essential to have trust in the impartiality and experience of the bodies responsible for ensuring fair and equitable elections.
In summary, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna’s position highlights the importance of respecting democratic institutions and the rule of law in the political process. It reminds us that trust in jurisprudence and the JCE is essential to preserve the integrity of elections in the Dominican Republic.
LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP, SIP