En una reciente declaración, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Altagracia de los Santos, afirmó que el artículo 135 del Código Penal Dominicano «debe ser revisado», alegando que «es para joder a los hombres». Esta expresión, aunque provocadora y cargada de opinión, merece un análisis más profundo que trascienda el titular y nos lleve a reflexionar sobre el verdadero espíritu de la ley, los derechos humanos y los prejuicios sociales que todavía arrastramos.

El artículo 135 del nuevo Código Penal, en su versión propuesta, establece penas severas para quienes cometan agresiones sexuales o mantengan relaciones con menores de edad, incluso si existe consentimiento. Esta disposición busca proteger a niños, niñas y adolescentes de situaciones donde el desequilibrio de poder, la manipulación o la falta de madurez emocional les impide comprender plenamente las implicaciones de una relación sexual con un adulto.

Afirmar que este artículo está diseñado para “joder a los hombres” no solo trivializa la protección legal de los menores, sino que también relega el debate jurídico a una lucha de sexos que carece de fundamento. El derecho penal no debe tener género. Si un artículo de ley establece consecuencias por conductas reprobables, estas deben aplicarse a quien las cometa, hombre o mujer.

Lo preocupante no es solo la frase en sí, sino lo que representa: una resistencia velada a reconocer que durante años en nuestra sociedad se ha normalizado la relación entre adultos y menores como parte de la cultura. Hoy, como sociedad más consciente, nos toca romper ese ciclo. Y para ello necesitamos leyes firmes, responsables y modernas.

Revisar un artículo de ley no debe estar motivado por sentimientos personales ni por ideologías de género, sino por argumentos técnicos, jurídicos y sociales. Si el artículo 135 debe ser revisado, que se revise, pero con evidencia, análisis multidisciplinario y participación de expertos, no con frases despectivas que desacreditan el esfuerzo por proteger a los más vulnerables.

La diputada De los Santos, como legisladora, está en su derecho de cuestionar cualquier aspecto de un proyecto de ley. Sin embargo, como figura pública, también tiene la responsabilidad de expresar sus opiniones con respeto, precisión y sentido de justicia, entendiendo que sus palabras pueden impactar negativamente en una lucha que ha costado años de trabajo de organizaciones, defensores de derechos humanos y víctimas que han sufrido en silencio.

En vez de enfrentar hombres contra mujeres, lo que necesitamos es una legislación que proteja, eduque y prevenga. No se trata de castigar a un género, sino de defender la dignidad y la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque al final del día, una sociedad que no protege a su infancia está condenada al retroceso.

LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNPT, FIP