En la República Dominicana, el endeudamiento parece ser una constante que se expande sin cesar, generando preguntas cruciales sobre el futuro económico del país. La inquietante pregunta que resuena es: ¿Hasta cuánto llegaremos con este endeudamiento y cuáles serán las repercusiones para las generaciones venideras?
Mirando hacia atrás, el 2018 marcó un hito cuando Argentina superó el 61% de la deuda pública en comparación con su Producto Interno Bruto (PBI), un porcentaje que hoy refleja la situación actual de la deuda pública dominicana. Este paralelismo no puede pasarse por alto; es una señal de advertencia que deberíamos considerar seriamente para evitar caer en las mismas trampas financieras.
En el segundo trimestre de este año, Argentina experimentó una situación alarmante con una deuda pública que alcanzó el 88.4% del PBI, acompañada de indicadores económicos desfavorables: una inflación del 143%, un déficit público del 4.3%, y una tasa de interés en el mercado del dinero del 133%. Estos números no solo impactaron en la economía, sino que también llevaron a un cambio político significativo, con un candidato alzándose al poder al margen de las tradicionales alineaciones partidistas.
Este nuevo líder argentino se vio obligado a tomar medidas drásticas, desde una devaluación monetaria considerable hasta recortes sustanciales en gastos gubernamentales. La presión tributaria en Argentina es del 29%, casi el doble que en la República Dominicana, resaltando que los déficits no solo se originan en la falta de ingresos fiscales, sino en una gestión financiera descuidada.
Ahora, volvamos la mirada a la República Dominicana. En los últimos 14 años, el sector público ha acumulado un resultado operativo bruto negativo de 688 mil millones, con el 43% de esta cifra correspondiendo a los últimos tres años, marcados por el elevado déficit de 2020, agravado por la pandemia, elecciones y cambio de gobierno.
Es alarmante observar que, en ese periodo, solo un año registró un resultado operativo bruto superavitario, mientras que los trece restantes fueron deficitarios. Hasta diciembre de este año, se han gastado en partidas corrientes RD$ 19 mil millones por encima de las recaudaciones, indicando la necesidad de préstamos para financiar las operaciones ordinarias del gobierno.
La deuda pública consolidada dominicana ha casi duplicado su porcentaje en relación con el PBI desde 2008 en tan solo 14 años. Ante este escenario, surge la pregunta fundamental: ¿Hasta cuándo continuaremos por este sendero de endeudamiento aparentemente insostenible?
El horizonte político se ve desafiante, y las elecciones de 2024 se presentan como una encrucijada crucial. Si no se implementan medidas correctivas para abordar las tendencias fiscales y financieras actuales, podríamos estar construyendo un camino hacia un escenario económico desastroso.
La incertidumbre persiste, pero la necesidad de una gestión financiera responsable es más evidente que nunca. La deuda no debe convertirse en una carga que limite el futuro de las próximas generaciones. Es hora de reflexionar y actuar con prudencia antes de que el endeudamiento se convierta en una carga insostenible para la República Dominicana. ¿Hasta cuándo llegaremos antes de dar un giro hacia la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible? La respuesta podría determinar el destino económico del país.
