En una época donde las redes sociales y los medios digitales han amplificado la voz de cualquier ciudadano, hablar sin pruebas puede salir muy caro. La República Dominicana no es la excepción. Aunque muchos creen que tienen “libertad de expresión” para decir lo que quieran, esa libertad encuentra su límite cuando se atenta contra la dignidad, el honor y la reputación de los demás. Ahí es donde entran en juego dos figuras legales muy serias: la difamación y la injuria.

Ambos delitos, establecidos en el Código Penal y en la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, constituyen herramientas legales para proteger el buen nombre de las personas. La difamación implica atribuir falsamente a alguien un hecho que dañe su imagen, mientras que la injuria se refiere a expresiones ofensivas que, sin mencionar hechos concretos, degradan la dignidad del afectado. Aunque distintas en su definición, ambas pueden tener consecuencias penales y civiles.

Y no se trata solo de palabras. Una publicación en Facebook, un tuit ofensivo o un comentario malintencionado en un programa de radio o televisión puede bastar para que alguien termine sentado en el banquillo de los acusados. En muchos casos, el afán de figurar, de “hacer bulla” o de “desenmascarar” a alguien termina cruzando la delgada línea entre la crítica legítima y el delito penal.

No es raro que figuras públicas, periodistas o ciudadanos comunes terminen enfrentando querellas por no verificar lo que dicen o por utilizar el insulto como arma política o personal. En estos casos, no solo está en juego la posibilidad de una multa o prisión, sino también el prestigio profesional y la solvencia moral de quien incurre en ese error.

Como sociedad, debemos defender la libertad de expresión, pero también debemos asumirla con responsabilidad. No se puede construir ciudadanía desde la calumnia ni fortalecer la democracia desde el irrespeto. Quien tenga pruebas de un hecho grave, que las presente ante los tribunales; quien solo tenga suposiciones o rencores, que guarde silencio o que se prepare para enfrentar las consecuencias.

En un país donde la reputación sigue siendo un activo vital —especialmente en comunidades pequeñas, donde todos se conocen— la difamación y la injuria pueden causar daños irreparables. Y ante eso, las leyes dominicanas son claras: hablar sin pruebas no solo es irresponsable; es también un delito.

Lic. Alexis Rosario CDP SNTP FIP