La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha lanzado un cambio sin precedentes en el sistema tributario: ahora todas las sociedades deberán designar obligatoriamente a una persona física como representante responsable ante la administración tributaria. Esta medida, que ha encendido el debate en el sector empresarial, exige que cada empresa cuente con un «responsable obligado» que responderá legal y financieramente ante cualquier incumplimiento fiscal, colocándolo en la mira del fisco y sujeto a posibles sanciones personales.
¿Qué implica este nuevo mandato de la DGII?
Para muchas empresas, la designación de un representante responsable no es simplemente otro trámite, sino un cambio que podría modificar su estructura interna y su cultura de cumplimiento tributario. El representante elegido no solo será el enlace entre la sociedad y la DGII, sino que también deberá asumir la responsabilidad de todas las obligaciones tributarias de la empresa, y en caso de incumplimiento, podría enfrentar directamente las consecuencias legales y financieras.
Este cambio ha sido recibido con preocupación en algunas áreas del sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que no siempre cuentan con el personal o los recursos para asumir esta responsabilidad. Con esta medida, el fisco asegura tener una figura clara a quien dirigir sus requerimientos y, en caso necesario, a quien aplicar sanciones directamente, eliminando la posibilidad de diluir responsabilidades entre socios o accionistas.
Si bien algunos empresarios consideran que esta nueva obligación puede fortalecer la transparencia y facilitar el cumplimiento fiscal, otros temen que sea una carga adicional, especialmente para las empresas que carecen de un equipo financiero robusto. La exigencia de la DGII obliga a los negocios a elegir cuidadosamente al representante responsable, buscando en muchos casos a un profesional con conocimientos en temas fiscales para minimizar riesgos. Este perfil, que no siempre está disponible en todas las empresas, podría incrementar los costos operativos, ya que sería necesario contar con asesoría externa o contratar a un especialista.
¿Una nueva era de fiscalización intensiva?
Esta movida de la DGII no solo apunta a mejorar el control fiscal, sino que también lanza un claro mensaje: el organismo tributario está endureciendo su vigilancia y espera que las empresas respondan con transparencia y responsabilidad. Para algunos expertos, esta medida podría ser el preludio de un mayor rigor en las auditorías y la fiscalización de las empresas en el país, especialmente de aquellas que históricamente han operado en los márgenes de la formalidad.
¿Qué deben hacer las empresas?
Ante este nuevo escenario, las empresas deberán actuar con rapidez y precisión para cumplir con el requisito. La elección del representante responsable no debe ser tomada a la ligera, ya que sus decisiones y su compromiso fiscal serán determinantes para el futuro financiero y legal de la compañía. Además, es crucial que este representante tenga acceso a asesoría y formación en temas fiscales, de manera que pueda responder de manera adecuada a cualquier requerimiento de la DGII y evitar sanciones que podrían poner en riesgo la estabilidad de la empresa.
LIC. ALEXIS ROSRIO, CDP, SNTP, SIP
CONSULTOR TRIBUTARIO CERTIFICADO
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