En los últimos meses, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha anunciado con bombo y platillo el desembolso de más de RD$81 mil millones en facilidades de liquidez, bajo esquemas de tasas preferenciales —alrededor del 9% anual— con la finalidad de dinamizar la economía y apoyar sectores productivos. Sin embargo, esta gran inyección de recursos no ha tenido el impacto esperado en las microempresas, que representan más del 95% del tejido empresarial del país.
La pregunta que surge es: ¿por qué ese dinero no llega a quienes más lo necesitan?
La respuesta es doble: burocracia bancaria y clientelismo financiero.
Se repite la historia. Una vez más, ocurre lo mismo que ha sucedido con los últimos desencajes autorizados por el Banco Central: el dinero barato, supuestamente destinado a dinamizar la economía y apoyar a los sectores productivos, nunca llega a los verdaderos protagonistas del crecimiento económico nacional. En lugar de beneficiar a las microempresas y emprendedores que sostienen la economía desde la base, estos recursos terminan en manos de grandes empresas y relacionados al gobierno de turno, usando como puente principal al Banco de Reservas. Así, los fines originales del programa se distorsionan, perpetuando la exclusión financiera de los sectores que más necesitan apoyo.
Múltiples microempresarios consultados por este medio han denunciado que, a pesar de ser clientes con créditos activos en entidades financieras de la banca local, no han sido llamados ni considerados para acceder a los fondos del reciente desencaje legal. Coinciden en señalar que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, ese dinero se otorga a un grupo reducido y preferencial, vinculado a relaciones políticas o empresariales cercanas al poder, dejando fuera a quienes realmente lo necesitan para dinamizar sus pequeños negocios y sostener empleos.
Las exigencias impuestas por los bancos para canalizar estos fondos son, en muchos casos, inaccesibles para los pequeños negocios. Las microempresas, que muchas veces operan en la informalidad parcial o sin historial crediticio robusto, no pueden cumplir con requisitos como: certificaciones fiscales, estados financieros auditados, movimientos bancarios detallados, garantías colaterales formales, entre otros. Esto convierte la promesa de financiamiento en un espejismo para quienes no cumplen con los estándares del sistema financiero tradicional.
A esto se suma un problema aún más preocupante: la asignación preferencial y politizada de estos recursos. No es un secreto que parte del dinero liberado ha terminado en manos de empresas cercanas a funcionarios, allegados a entidades financieras o vinculados a esquemas de financieras privadas, que luego colocan esos mismos fondos a tasas elevadas —hasta 60% anual—, contradiciendo el espíritu del programa del BCRD.
Mientras tanto, las verdaderas microempresas —las de los barrios, los colmados, salones de belleza, talleres, pequeños suplidores, emprendedores informales— siguen excluidos, ahogados por deudas caras, sin acceso al crédito y limitados en su capacidad de generar empleo y sostener la economía local.
El desencaje legal fue pensado como un mecanismo de apoyo en tiempos difíciles, pero su impacto real está siendo distorsionado por una cadena de intermediación excluyente. Si los recursos no se descentralizan ni se canalizan a través de mecanismos alternativos, como cooperativas supervisadas o fondos solidarios públicos, el propósito de dinamizar la economía se quedará en el papel.
Ha llegado la hora de auditar, transparentar y reformar el acceso a estos fondos. Porque mientras los titulares celebran miles de millones en circulación, la economía de base sigue esperando el auxilio que nunca llegó.
LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP, FIP