La entrada en vigencia del nuevo Código Penal Dominicano, contenido en la Ley 74-25, ha desatado una ola de opiniones alarmistas y discursos cargados de desinformación.
Resulta preocupante ver cómo algunas personas, autoproclamándose “expertos”, “académicos” y otras tantas etiquetas vacías, intentan sembrar miedo en la clase médica dominicana, vendiendo la falsa idea de que esta legislación va a perseguir, destruir o limitar el ejercicio de la medicina.
Nada más alejado de la verdad.
El nuevo Código Penal endurece penas, incorpora delitos modernos y fortalece mecanismos de responsabilidad y justicia restaurativa, como ocurre en cualquier sociedad que busca actualizar su sistema jurídico frente a los desafíos actuales. Pero ninguna ley seria tiene como propósito criminalizar al profesional honesto que actúa con ética, prudencia y apego a las normas sanitarias.
Como profesional de la salud y abogado con experiencia en derecho sanitario, exhorto a mis colegas médicos a no dejarse arrastrar por campañas de miedo ni convocatorias improvisadas que solo generan confusión y tensión innecesaria.
Las orientaciones responsables deben provenir de instituciones con autoridad académica y profesional, especialmente de las escuelas de derecho y de la Asociación de Médicos Abogados, que poseen la preparación técnica para abordar estos temas con objetividad y rigor.
El médico que ejerce con responsabilidad, respeto a los protocolos, prudencia y ética profesional, no tiene nada que temer. La medicina responsable jamás será enemiga de la ley; por el contrario, la ley debe ser garantía de seguridad, confianza y dignidad tanto para el paciente como para el profesional de la salud.