La salud y la seguridad de los ciudadanos son responsabilidades fundamentales del Estado. En este sentido, los servicios de emergencia, como las ambulancias, desempeñan un papel crucial en la atención de situaciones críticas. Sin embargo, es lamentable que en muchos lugares, incluido nuestro país, estas unidades de emergencia se estén deteriorando y, en algunos casos, terminen en cementerios de chatarra debido a la negligencia y la falta de inversión gubernamental. Este es un problema serio que requiere atención urgente.

El Servicio de Ambulancia 911, que debería ser un símbolo de eficiencia y prontitud en momentos de crisis médicas, se ha convertido en un triste ejemplo de la falta de responsabilidad del Estado. Es inconcebible que unidades de ambulancia adquiridas a un alto costo, como las últimas compradas por el actual gobierno a un valor de 6.5 millones de pesos, estén llegando a un estado de inservibilidad tan rápido. Es un derroche de recursos públicos y una falta de respeto hacia los contribuyentes que financian estas inversiones.

El problema no radica únicamente en la adquisición de nuevas ambulancias, sino también en la gestión y el mantenimiento de las existentes. No es raro ver unidades de ambulancia en condiciones deplorables, estacionadas en patios o galpones, cubiertas de polvo y oxido. Esto no solo es una pérdida de recursos, sino que pone en peligro la vida de los ciudadanos que dependen de estos servicios en situaciones de emergencia.

Las ambulancias no son vehículos comunes; son herramientas vitales para la respuesta a emergencias médicas. Cada minuto cuenta en situaciones críticas, y una ambulancia en mal estado o fuera de servicio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La falta de mantenimiento adecuado y la escasa inversión en capacitación del personal de ambulancia son cuestiones que no podemos permitirnos ignorar.

Además del deterioro por falta de mantenimiento, se observa que muchas ambulancias terminan chocadas y abandonadas en talleres de descabelladura y pintura en todo el país. Esto es un indicio claro de una gestión deficiente y una falta de responsabilidad en el uso de recursos públicos. ¿Cómo podemos justificar que unidades de emergencia estén en estos lamentables estados?

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que el Servicio de Ambulancia 911 esté en condiciones óptimas para brindar atención eficiente en situaciones de crisis. Esto implica no solo invertir en la adquisición de nuevas unidades, sino también en su mantenimiento constante y en la formación del personal que opera estas ambulancias. La vida de los ciudadanos no puede ser puesta en riesgo debido a la negligencia gubernamental.

El deterioro del Servicio de Ambulancia 911 es una clara muestra de la irresponsabilidad del Estado. Las unidades de servicio terminan inservibles en cementerios de chatarra o en talleres de reparación, y esto no solo es un derroche de recursos públicos, sino un peligro para la vida de la ciudadanía. Es hora de que las autoridades tomen medidas urgentes para abordar esta problemática y garantizar que los servicios de ambulancia estén a la altura de las necesidades de la población en situaciones críticas. La vida de las personas no puede esperar.

LIC. PERIODISTA ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP, SIP

PERIODISMO RESPONSABLE.