El artículo 1 de la nueva Ley 85-25 establece que su objetivo es regular las relaciones, derechos y obligaciones entre quienes alquilan y quienes ocupan viviendas, locales comerciales o espacios sin fines de lucro. En palabras simples, la ley busca que tanto propietarios como inquilinos sepan claramente qué pueden exigir y qué deben cumplir. Después de casi 70 años con una ley antigua, esta reforma llega en un momento en que los precios de alquiler y los conflictos por incumplimientos son muy comunes.
Este primer artículo es importante porque fija las bases de todo lo demás. Reconoce que el alquiler no es solo un trato verbal o de confianza: es un acuerdo legal que debe respetarse. Así, los inquilinos tienen derecho a vivienda o espacio seguro, mientras que los propietarios tienen garantías de que sus inmuebles no serán dañados o ocupados injustamente.
Además, la ley cubre no solo las viviendas, sino también locales comerciales y actividades sin fines de lucro. Esto significa que negocios, oficinas, talleres o asociaciones tienen la misma protección y claridad legal que una familia que alquila una casa. De esta manera se evita confusión y se crean reglas claras para distintos tipos de alquileres.
En conclusión, el artículo 1 no es solo un formalismo legal: es una señal de que el Estado quiere poner orden y justicia en el mercado de alquileres. Si se aplica correctamente, puede reducir conflictos, proteger a ambas partes y garantizar que los acuerdos de alquiler se cumplan de manera justa. Es un primer paso hacia un sistema más moderno y transparente para todos los dominicanos.