
Más de 800 mil personas podrían estar vinculadas económica y emocionalmente al sector de los colmados. El descontento por las nuevas exigencias tributarias amenaza con complicar las aspiraciones electorales de los candidatos oficialistas.
Lo que comenzó como un proceso de modernización tributaria podría terminar convirtiéndose en un explosivo conflicto político para el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). La resistencia de los colmaderos dominicanos a la obligatoriedad de implementar el sistema de facturación electrónica, especialmente ante la posibilidad de sanciones por incumplimiento, amenaza con abrir un nuevo frente de descontento social que podría pasar factura al oficialismo en las próximas elecciones.
Las estimaciones sobre el sector sitúan entre 195 mil y 200 mil los colmados y establecimientos similares existentes en la República Dominicana. Si calculamos una composición familiar promedio de cuatro integrantes por negocio, estaríamos hablando de más de 800 mil personas potencialmente vinculadas económica y emocionalmente a esta actividad. No significa que todas compartan el mismo rechazo ni que representen votos contrarios al Gobierno, pero constituye un universo social y electoral que ningún partido debería subestimar.
¿Qué pasará cuando los candidatos del PRM entren a los colmados a buscar votos? Esta podría ser una de las escenas más incómodas de la próxima campaña electoral. Los candidatos a alcaldes, regidores, diputados, senadores y hasta aspirantes presidenciales tendrán que enfrentarse a una pregunta que podría perseguirlos en cada recorrido: ¿Ustedes vienen a buscar votos o a explicarnos cómo vamos a pagar y cumplir con tantas obligaciones tributarias? El tradicional saludo, el café, el abrazo y la conversación con el propietario podrían convertirse en un escenario de reclamos, discusiones y rechazo. Algunos podrían encontrarse con un sonoro ¡FUUUU! y hasta escuchar la popular expresión dominicana: ¡Váyanse a freír tusas!
El problema para el PRM es que los colmados no son simples establecimientos comerciales: son puntos de encuentro comunitario, espacios de conversación familiar y centros de influencia social en los barrios. Allí se comenta la política, se evalúa la gestión gubernamental y se construyen simpatías o rechazos hacia los candidatos. Si el sentimiento de inconformidad se extiende, los aspirantes oficialistas podrían encontrar cerradas muchas puertas que tradicionalmente estaban abiertas para sus recorridos políticos.
Abinader todavía tiene oportunidad de evitar que este conflicto tributario se transforme en una factura electoral. La modernización fiscal no debe convertirse en una amenaza para los pequeños comerciantes que luchan diariamente por mantener abiertos sus negocios. El Gobierno necesita escuchar, dialogar, ofrecer facilidades y revisar cualquier mecanismo sancionador que resulte desproporcionado para este sector. Porque el peligro político no está solamente en la factura electrónica, sino en la factura electoral que podrían pasarle los colmaderos al PRM cuando llegue la hora de contar los votos.
