El reciente anuncio del Ministerio de Trabajo de que las inspecciones laborales continuarán sin excepciones es una decisión que debe entenderse como un paso necesario para proteger la dignidad de miles de trabajadores dominicanos. Durante años, en nuestro país se ha normalizado la informalidad laboral, el incumplimiento de contratos, los atrasos en el pago de salarios y la falta de seguridad social. No es justo que el progreso económico de algunos sectores se construya a costa de los derechos básicos de quienes producen la riqueza.
Hay quienes alegan que estas inspecciones “afectan la productividad” o que son “una presión” sobre los empresarios. Pero habría que preguntarse qué tan productivo es un modelo donde un trabajador no tiene seguro médico, no cotiza para su pensión o no sabe si le pagarán completo. Supervisar no es criminalizar al empresario honesto: es asegurar que todos compitamos en igualdad de condiciones y que la ley laboral no sea letra muerta.
Es positivo que el Gobierno aclare que cualquier empresa puede presentar sus descargos si considera que ha sido señalada de manera injusta. Pero, en un país con tanta precariedad laboral, suspender las inspecciones sería un retroceso. Lo responsable es que se sigan haciendo con rigor, transparencia y respeto, pero con la firmeza que amerita garantizar derechos que no son favores: son obligaciones legales y éticas.
LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP, FIP