En el marco de la discusión para la modificación del nuevo Código Laboral dominicano, ha surgido una propuesta por parte de sectores empresariales que merece atención: otorgar un plazo de tres meses para el pago de las prestaciones laborales, con la posibilidad de hacerlo en partidas y no de manera inmediata.

Los empresarios alegan que esta medida aliviaría la carga financiera que representa la liquidación de un trabajador, especialmente en tiempos de crisis económica, cuando las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y preservar empleos. Argumentan que no se trata de desconocer derechos adquiridos, sino de flexibilizar los plazos de cumplimiento, evitando que un despido masivo o la salida de varios empleados al mismo tiempo se convierta en un golpe mortal para la estabilidad de las compañías.

Sin embargo, desde la óptica de los trabajadores, la iniciativa plantea riesgos significativos. Las prestaciones laborales no son un regalo ni un favor empresarial: son un derecho ganado con años de servicio y constituyen, en la mayoría de los casos, el único respaldo económico inmediato tras la pérdida del empleo. Diferir su pago en cuotas podría agravar la vulnerabilidad de las familias que dependen de ese dinero para cubrir deudas, vivienda, educación o alimentación.

En este debate, se debe buscar un punto de equilibrio. El Estado tiene el deber de garantizar que no se vulnere la dignidad de los trabajadores, pero también debe velar porque las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— no se ahoguen en obligaciones imposibles de cumplir en plazos muy cortos. Una alternativa intermedia podría ser establecer excepciones o escalas: que las grandes corporaciones paguen de inmediato y que las pymes puedan acogerse a un plazo razonable bajo supervisión, garantizando siempre el pago total.

Lo que no puede perderse de vista es que el código laboral está diseñado para proteger la parte más débil de la relación, que en este caso es el trabajador. Si se aprueba una modificación de este tipo sin salvaguardas claras, el resultado podría ser un retroceso en los derechos laborales conquistados con tanto esfuerzo.

Otorgar tres meses para el pago de prestaciones laborales y permitir su desembolso en partidas es una propuesta que abre un debate justo y necesario. Pero debe discutirse con responsabilidad, asegurando que las facilidades concedidas a las empresas no terminen convirtiéndose en una carga injusta para los trabajadores.

LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP. FIP «Voz del Comercio y tu comunidad»