La República Dominicana enfrenta una crisis que no puede ser ignorada ni minimizada. La inmigración desmedida de nacionales haitianos se ha convertido en un tema candente y preocupante, y la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno del presidente Abinader está generando un profundo sentimiento de incertidumbre y preocupación entre la población dominicana.
El problema es complejo y no se puede reducir a una única causa o solución. Sin embargo, es innegable que la incapacidad del gobierno para abordar esta situación está teniendo graves consecuencias. La presencia de bandas haitianas en la República Dominicana y los crímenes horribles que han cometido contra familias dominicanas son un testimonio trágico de esta realidad.
La frontera entre la República Dominicana y Haití se ha vuelto una especie de zona de conflicto donde los militares a cargo, en lugar de garantizar la seguridad, parecen estar sacando provecho de la situación. Se han levantado acusaciones de corrupción y abuso de poder, lo que socava aún más la confianza de la población en las instituciones gubernamentales.
Las familias que residen en las zonas fronterizas viven en un estado constante de miedo y ansiedad. El aumento de la población haitiana en el país ha generado tensiones y preocupaciones sobre la disponibilidad de recursos, servicios y empleo. Estas preocupaciones son legítimas y requieren una respuesta efectiva por parte del gobierno.
Además, la falta de control en la emisión de visas haitianas por parte de los representantes del sector consular en Haití es otro aspecto alarmante de esta crisis. La venta exagerada de visas haitianas plantea serias dudas sobre la integridad de las instituciones responsables de la política migratoria.
Además, las preocupaciones sobre la posible complicidad del gobierno con organismos internacionales que buscan la unificación de la isla añaden una capa adicional de sospecha. La población necesita respuestas claras y transparentes sobre la posición del gobierno en relación con estos temas.
El futuro y la seguridad de la República Dominicana están en juego, y es responsabilidad del gobierno abordar estos desafíos de manera efectiva y garantizar que el país pueda avanzar hacia un futuro más seguro y estable. La población espera respuestas y acciones concretas que aborden esta crisis de manera adecuada y justa.
LIC. ALEXIS ROSARO, CDP, SNTP, FIP
EL RESPLANDOR «VOZ DEL COMERCIO Y LA COMUNIDAD»
