En la República Dominicana, la Ley 137-03, que establece el marco legal para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, fue promulgada con el objetivo de enfrentar uno de los flagelos más devastadores para la dignidad humana. Sin embargo, a pesar de su existencia, el número de violadores de esta ley que enfrentan consecuencias reales sigue siendo alarmantemente bajo. En un país que comparte una frontera con Haití, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, y que es punto de tránsito para muchas personas en busca de una vida mejor, la falta de aplicación efectiva de esta ley resulta desconcertante.
El tráfico de personas y la trata no son simples delitos migratorios, sino violaciones gravísimas a los derechos humanos. Las víctimas, muchas veces mujeres y niños, son expuestas a condiciones inhumanas: explotación sexual, trabajos forzados y otros abusos que destruyen sus vidas. La Ley 137-03 está diseñada para combatir estos horrores, pero la debilidad del sistema judicial y la corrupción han permitido que muchos de los verdaderos responsables evadan la justicia.
¿Por qué no están llenas las cárceles de estos criminales?
La realidad es que las cárceles dominicanas debieran estar llenas de aquellos que facilitan, organizan o se benefician del tráfico y la trata de personas. Sin embargo, el sistema parece estar más interesado en castigar delitos menores que en perseguir a los verdaderos delincuentes detrás de estos crímenes atroces. La corrupción y la falta de recursos son dos de los principales factores que explican esta desconexión entre la legislación y la realidad.
Por un lado, muchos de los implicados en estas redes tienen conexiones políticas o económicas que les permiten operar con impunidad. Es sabido que ciertos sectores, como el turismo, a menudo se ven involucrados indirectamente en la explotación de personas, pero el sistema tiende a mirar hacia otro lado. Por otro lado, las autoridades encargadas de aplicar la ley no siempre cuentan con los recursos o la formación adecuada para llevar a cabo investigaciones efectivas. Los casos de tráfico y trata son complejos y requieren una coordinación entre varios organismos que, muchas veces, no están adecuadamente equipados para manejar estos casos.
La falta de aplicación estricta de la Ley 137-03 no solo afecta a las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto. Permitir que los violadores de esta ley queden libres envía un mensaje claro: la vida humana, la dignidad y los derechos no son prioridad. En una sociedad que busca avanzar hacia el desarrollo y la igualdad, no podemos permitir que esta clase de crímenes continúe sin consecuencias reales para los responsables.
Las cárceles no deberían estar llenas de pequeños delincuentes o de aquellos que han cometido crímenes menores. Deberían estar llenas de quienes violan sistemáticamente los derechos humanos mediante el tráfico y la trata de personas. La justicia debe ser firme y actuar sin favoritismos, aplicando todo el peso de la ley a quienes explotan a los más vulnerables.
LIC. ALEXIS ROSARIO, CDP, SNTP, FIP «Voz del Comercio y tu comunidad»